Titular de Blogs El Mercurio: “Falla en el MOP dejó prescribir casi 96 mil partes y perjudicó al fisco en $3.575 millones”.
Lo primero es no caer en la histeria y la locura ya que lo anterior no es ni tan extraño, así, pese a que el Gobierno electrónico ha sido uno de los pocos aciertos de nuestras administraciones, aún se dejan prescribir un gran número de juicios tributarios, lo que sin problemas convierte a la anterior cifra en algo insignificante. Ahora si pueden gritar!!!.
Este caso se relaciona con multas del tag en las autopistas concesionadas de Santiago.
Sin embargo, yo me pregunto, ¿cómo hacemos para cobrar los $3.575 millones?, ¿es posible?. Para Contraloría al parecer si ya que formuló cargos contra René Mellado, Mirko Ivanovic y Francisco Romero (funcionarios responsables), por "haber faltado a sus deberes funcionarios en el desempeño del cargo de inspector fiscal, lo que provocó perjuicio al interés fiscal por el no cobro oportuno de las multas respectivas".
dato amarillista: 3 funcionarios para estos 95.818 partes considerando que alcanzaron a presentar 64.299 dentro de plazo... cada cual decida.
En Santiago hay alrededor de 40 Juzgados de Policía Local para una población de 5 millones de personas. Así que es cosa de introducir 96 mil nuevas causas nomás, el sistema aguanta todo, o como decía nuestro depuesto monarca “las instituciones funcionan” (hay precisiones técnicas, pero sirve para hacerse una idea).
Lo anterior no es excusa de nada, sólo diagnostico preciso de ineptitud administrativa ya que cuando se planificaron las autopistas debió preverse un sistema de cobro de multas eficiente y eficaz que no implicara atochar aún más a los JPL.
Pero como nuestros dirigentes tienen frases para el bronce copio textual del blog:
“El problema que derivó en la prescripción de las multas, explicaron fuentes ligadas al caso, ocurrió en la marcha blanca del inédito proceso de cobro electrónico que implementaron las cuatro autopistas de Santiago.
Por ejemplo, los propios funcionarios y abogados de Concesiones desconocían el plazo de prescripción de los seis meses, el software del ministerio tuvo fallas, y faltaron personal, recursos y procedimientos de revisión adecuados en las inspecciones”.
Es vergonzoso, inaceptable y una burla una respuesta como esa, meritoria de un juicio político implacable. El Estado tiene el monopolio para dictar procedimientos y dispensar recursos para solventarlos, especialmente si en virtud de ellos obtendrá mayores fondos.
En resumen otro caso que vincula al MOP con escándalos de corrupción y mala gestión en el que se corta por el hilo más fino sin buscar las respuestas de fondo, tal como debería hacer un estadista. Claro que el poncho le queda grande ahí a Sergio Bitar. ¿Les suena Acusación Constitucional?
Tomás A. Díaz H.
Presidente Juventud Muna
Tomás A. Díaz H.
Presidente Juventud Muna
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