Frei y Piñera acusan discriminación en dictamen de Contraloría

Claro que tenía que haber repercusiones, sin embargo, con profunda preocupación sentimos el quiebre institucional cada vez más latente. En estos años de democracia se ha oído rimbombante la frase “las instituciones deben funcionar con independencia”, pero a la postre no es más que otra promesa politiquera.

Pena siento por los candidatos a la moneda Frei y Piñera. Del primero el que no le bastara haber sido ya Presidente para entender lo que significa el Estado de Derecho. En cuanto al segundo, por simplista y populista, dice que viene a implantar un cambio pero habla de lo mismo.

Ahora bien, aclaremos un tanto el asunto ya que las cosas no son como menciona la farándula politiquera. El dictamen de Contraloría no puede ser discriminatorio en el sentido que dicen estos personajes, principalmente por dos razones:

1.- El dictamen sólo tiene relación con los organismos estatales bajo su jerarquía y, además en cuanto a la materia discutida. Por lo mismo, cuando Contraloría le dice a los municipios “terminen con la burla a la constitución y a la ley, ya que Uds. ¡no pueden entregar la píldora, y ninguna de sus artimañas servirá!” lo único que hace es tirarles el pelo y representarles el desacato a la sentencia del Tribunal Constitucional.

2.- Cuando se instala el concepto de “duda razonable”, en virtud del cual se considera que la píldora no puede ser considerada dentro de las políticas de salud ¿qué sucede?, pues se busca la forma de defraudar el fallo del Tribunal Constitucional, cayendo en la canallada de decir que discrimina a las personas de escasos recursos, sin embargo, ello es falso. Ya criticamos eso en un aspecto formal en artículos pasados, pero llegó la hora de ir más al fondo.

Si se impide el uso de la píldora por existir una duda razonable de que sea abortiva, lo lógico hubiera sido que el ministerio, en un afán de honrar el fallo del Tribunal Constitucional, eliminara al fármaco dentro del formulario permitido a farmacias. Sin embargo, todos sabemos que ello no fue así, claramente con este pretexto farandulero y clasista.

Piñera y Frei dicen: “esta es una decisión (consumir la píldora) que debe tener en conciencia y libertad cada persona”. En el fondo tienen razón. Pero hay un punto en el que se equivocan medio a medio (no siendo poco usual). Una persona individual en cuanto a sus decisiones es incomparable con el Estado y la implantación de sus políticas públicas. Un delincuente decide en su fuero interno la comisión de sus delitos, en libertad, y no es la ley la que se lo prohíbe, sino que sólo le amenaza con la imposición de una sanción.

El Estado, cuando declara o reconoce un (digamos) “derecho” a favor de las personas, no puede olvidar que compromete todo el poder y su fuerza para asegurarlo, fuerza y poder que no considera, por ejemplo, al vendedor de farmacia obligado a facilitar el asesinato; tampoco a los médicos enemigos del aborto; no, simplemente se les obliga. Así, esa decisión en conciencia y personal, al afectar a terceros no puede ser tomada con la liviandad que predican estos personajes irresponsables. El Estado dicta políticas públicas que deben considerar distintas posiciones, pero todas desde principios y valores, los que para nuestra cultura pertenecen a una tradición milenaria nacida en Cristo.

El estado está al servicio de la persona humana. Cuando pensamos en el concebido no encontramos la excepción, sino todo lo contrario: hallamos a un ser indefenso e inocente, poseedor de alma, ya único y diferente, sujeto de especial preocupación moral por parte del Estado.

Tomás Díaz Hormazábal
Presidente Juventud Muna, juventud por la familia y la vida.