Unámonos todos en la defensa de la Vida

· el Tribunal Constitucional sentó en su fallo el concepto “duda razonable”, en virtud del cual y frente a la vida, la lógica y la caridad obligan a abstenerse del uso de la píldora.

· Los municipios y organismos afines no tienen competencia para entregar la píldora, ya que la misma ley los vincula expresamente a las políticas públicas de salud que imparte el ministerio, es decir, actuaron de forma ilegal y por eso Contraloría tuvo que pronunciarse.

· Como el fallo impide al Ministerio incluir al fármaco dentro de sus políticas públicas, este no puede aparecer dentro del formulario de medicamentos ni ser vendido en farmacias.

· Las farmacias fueron obligadas por el mismo Estado a vender el fármaco, incluso se les cursaron millonarias multas por negarse en un principio. Por tanto, la supuesta discriminación en contra de los más pobres es una maniobra política y populista del Estado.

· No es efectivo que la mayoría de la ciudadanía esté a favor de la píldora, lo que está acreditado según cifras oficiales que indican la escasísima demanda de la misma, tanto en el sector público como en el privado.

· Legalizando la píldora se obliga el Estado, en todo evento, a poner toda su fuerza y poder al servicio de un fin injusto, cual es someter la vida al azar.

No podemos quedarnos de brazos cruzados, mientras se transa con la vida para lograr fines políticos. Tenemos que efectuar una demostración sólida el día en que se presenta el proyecto de ley abortista en el Parlamento, y demostrar que, inspirados en la defensa de la vida, no estamos a favor de un fármaco que la convierte en una ruleta rusa.